La presidencia de la república, asediada por su propia incapacidad, emitió hoy un comunicado que merece ser apostillado para facilitar su comprensión. Sin más, va comunicado con apostillas en cursivas y entre paréntesis.
COORDINACIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL Comunicado/179
Los Pinos, 21 de abril de 2005
Ante la consignación del expediente del señor López hecha por la Procuraduría General de la República, la Presidencia desea precisar lo siguiente:
Los tres Poderes de la Unión son garantes del cumplimiento del Estado de derecho y del respeto a las instituciones.
(Siempre y cuando el estado de derecho no se le vaya a aplicar al señor Creel, a los amigos de Fox, a los priístas distinguidos y a quien decida nuestra voluntad, y siempre y cuando las instituciones no sean las del gobierno de la Ciudad de México, que ésas no valen porque lo digo yo.)
En el proceso del señor López, la Presidencia de la República se ha limitado a cumplir con la responsabilidad que le marca la ley.
(Y con la que no le marca la ley, porque dicha ley en ningún momento marca que las acciones de una institución se traduzcan en responsabilidad personal e individual de quien lo encabeza, salvo casos puntuales cuando hay orden precisa, cosa que nos inventamos en este caso porque la lumbre nos llega a los aparejos, y mejor ni mencionamos los otros casos, bastantitos, en los que no hemos cumplido las responsabilidades con nuestros electores.)
No se fortalece a la República con una estrategia que trata de poner las cosas al revés, en donde el acusado quiere convertirse en acusador y exigir disculpas.
(Dicho de otro modo, el acusado debe callarse aunque la acusación sea delirante, falsa, dolosa, repudiada por los principales juristas no gubernamentales, y realizada con intenciones políticas claras. Calladitos decoran mucho, chiquillos y chiquillas.)
La ley marca claramente el castigo para quien la infringe, así como también otorga al infractor los instrumentos para su defensa.
(Y también marca la presunción de inocencia como principio jurídico esencial, pero eso hacemos como que lo borramos, se nos olvida la palabra "presunto" y emitimos sentencia de "infractor", que nosotros, que somos los que mandamos, ya lo juzgamos y condenamos, no hace falta más.)
El día de ayer el Ministerio Público ha cumplido con su obligación de ejercer acción penal en contra del señor López por el desacato a la suspensión dictada por el juez noveno de distrito en favor de los propietarios del Encino.
(Obligación que debió ejercer al día siguiente del desafuero, pero le ordenamos que fingiera demencia para alargar los tiempos, que es de lo que se trata, pero al final el anuncio del acusado de que volvería a sus funciones nos obligó a meter reversa a todo trapo. Ahora se trata de que no se den cuenta.)
Con base en sus facultades, el Ministerio Público consignó y el Poder Judicial ha turnado el expediente al Juzgado competente en materia de Procesos Penales Federales en el Reclusorio Preventivo Oriente.
(A un juez cuya trayectoria profesional es más de fiscal que de juez, debidamente seleccionado para que sirva a nuestros intereses políticos y los de nuestros amiguitos priístas, tan simpáticos y tan dadivosos que son.)
El Ministerio Público remitió el expediente con 16 mil fojas y el pliego de consignación con 300 cuartillas solicitando la orden de comparecencia a proceso penal contra el señor López para que él pueda, en libertad, defender su caso ante el juzgado competente.
(Expediente que el propio Ministerio Público dijo hace unos días que estaba incompleto y que necesitaría cuatro meses para integrarlo correctamente. Para que digan que este gobierno no hace milagros.)
El señor López por derecho constitucional goza de la libertad provisional bajo caución desde la averiguación previa y gozará de ella durante todo el tiempo del proceso penal, en virtud de que la fianza ya fue otorgada.
(No diremos, eso sí, que la fianza fue otorgada porque un senador nuestro obtuvo información privilegiada e ilegítima del ejecutivo por medio de la PGR, misma que la ley dice que debe mantener discreción sobre sus investigaciones, y la transmitió a dos mensajeros que la depositaron a sabiendas de que no lo haría el acusado. O sea, que ejerza su derecho a defenderse, pero sólo como se nos dé la gana a nosotros.)
Ahora el caso del señor López está en el ámbito del Poder Judicial y, reiteramos, que la Presidencia de la República es respetuosa del principio de separación de poderes y de la autonomía judicial.
(Y nos olvidamos convenientemente de que el titular de la Presidencia de la República declaró que la decisión de proceder contra el acusado fue tomada por él en 2004, personalmente y por encima del ámbito del Poder Judicial. Así me gustan, desmemoriados y sumisos.)
El Señor López ha tenido en todo momento vías legales para defenderse y a él corresponde la decisión de usarlas.
(Claro que no se puede uno defender legalmente a menos que un juez acepte el expediente y se pueda nombrar abogado, por lo cual poca defensa legal pudo haber hasta ayer, pero las vías allí estaban, con todo y el tren de Los Pinos. Y de pasadita lo relevamos de la dura decisión de pagar o no una fianza, como acto de buena voluntad.)
La democracia se fortalece con la aplicación de la ley. La Presidencia convoca a que todos nos conduzcamos dentro del respeto al derecho y a nuestras instituciones. Garanticemos las condiciones para que los jueces actúen con plena independencia y hagan su trabajo dentro de la justicia que deviene de los procedimientos legales.
(Lo cual no significa que se vaya a aplicar la ley ésa en los casos de Aguas Blancas, Acteal, Amigos de Fox, Aldana, Cajigal, Luis Pazos y otros personajes a los que se les imputan delitos que sí son graves y con pruebas bastante sólidas, eso por sabido se calla.)
Dejemos que el Poder Judicial asuma los tiempos del derecho y no los tiempos de la política.
(Siempre y cuando los tiempos del derecho no caduquen antes del día en que se cierre el registro de candidatos para las elecciones de 2006, que es de lo que se trata. ¿Entendimos señor juez o quiere usted truncar su carrera tan joven?)
La responsabilidad de los políticos está ante todo con el Estado democrático de derecho. Exhortamos al ciudadano López para que recurra a las instituciones y haga uso de los recursos que están previstos en la Ley para garantizar sus derechos y su defensa.
(A ver si entienden: el estado democrático de derecho es responsabilidad de los políticos, no de los votantes ni de la ley. La democracia no es la de quienes eligen a un gobernante, sino de los políticos que se coluden para violentar la voluntad popular pasada y futura. Y mientras más rápido lo entiendan, mejor nos vamos a llevar.)
Reiteramos nuestro respeto al Poder Judicial. La certeza que emana de sus decisiones es trascendental para consolidar un gobierno de leyes y un México democrático.
(Un México democrático en el que el presidente mande y hasta ponga y quite presidentes y jefes de gobierno. Si el PRI siempre lo hizo así, no entendemos por qué ahora los ciudadanos arman tanto alboroto.)
Reiteramos que no hay intención de obstaculizar al señor López en sus aspiraciones de ser candidato a Presidente en el proceso electoral de 2006, si así lo decide su partido.
(Y reiteramos que el asunto de Chiapas lo resolvemos en quince minutos, que todos los mexicanos tendrán vocho, tele y changarro, y que cumpliremos las enemil promesas con las que los convencimos de votar por nosotros, que ese voto sí vale, los otros no porque la verdad todavía están ustedes muy verdes para la democracia, sin importar lo que le dijo Porfirio a Creelman.)
Pero tampoco hay intención de darle un trato privilegiado que le exima de llevar a cabo los procedimientos que, en su caso, imponga la ley.
(Tenemos la firme decisión de sólo darle trato privilegiado a quienes se nos antoje a nosotros, no a cualquiera. Pregúntenle a Echeverría.)
Existe, en efecto, una acepción de la política, que la Presidencia asume como propia: la actividad que busca el bien común y que lo hace de muy diversas maneras: cuidando que no se atropellen las instituciones; que no se vulneren las funciones de los Poderes de la Unión; que el derecho proteja a los ciudadanos; que no se violente la convivencia pacífica de la sociedad.
(Es claro que nos referimos al bien común de los empresarios, al no atropello de las instituciones si estamos de humor y a no vulnerar las funciones de los Poderes de la Unión salvo cuando se nos ocurra que es lo conducente, de modo que el derecho proteja a los ciudadanos que nosotros queremos, y no nomás a lo loco. Además, se nos ocurre que la convivencia pacífica se violenta con cualquier acto que le parezca feo al Señor Presidente, incluido el de aprender a leer.)
Es tiempo de recuperar el ánimo de diálogo y la disposición al acuerdo.
(Lo cual, siendo falso, suena bien para la historia, que estamos convencidos que escribiremos nosotros y no los 100 millones de peones de nuestro ranchote.)
Sólo la unidad y la búsqueda del bienestar común pueden proteger a la joven democracia mexicana de los peligros que la acechan.
(Pero no se vayan a unir ustedes y a buscar el bienestar común porque se sientan ofendidos debido a que la "joven democracia" se parece tanto al viejo autoritarismo que no hay modo humano de diferenciarlas. Nosotros somos "el gobierno del cambio". Y para entenderlo basta ver las botas.)
Éste es el significado de la política que desde ahora debe prevalecer en nuestra esfera pública.
(Y así lo mando nos, el rey, y al que no le guste, ya sabe. Más les vale creerme, total, me creyeron tantas barbaridades hace seis años que no veo por qué se han vuelto tan retobados así de repente.)
Por la interpretación entre líneas: El alumno más pequeño de Guillermo Prieto.
No comments:
Post a Comment